giovanna.hirthe
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Barcelona perdería la oportunidad de generar hasta 18.827 viviendas adicionales de protección oficial en los barrios más necesitados si el Ayuntamiento modifica la medida que obliga a dedicar el 30% de vivienda protegida.
Esta es la principal conclusión de un estudio del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (Idra) de este martes, que también señala que la medida funciona "como un dique de contención ante la especulación".
En este sentido, si se modifica, los 62.756 hogares que hay en los 3.909 edificios actualmente sujetos a la norma quedarían "desprotegidos ante operaciones de compra, rehabilitación y expulsión".
Además, el instituto alerta de que, si se empieza a construir en otros lugares, la concentración de vivienda protegida en zonas periféricas "fragmentaría la ciudad socialmente y urbanística".
El Ayuntamiento de Barcelona prevé presentar en 2025 una propuesta de remodelación de la norma urbanística que obliga a los grandes promotores privados a destinar un 30% de los nuevos pisos a vivienda social.
Ante esta situación, el informe propone mantener la medida sin modificaciones y evaluar el impacto a largo plazo, siguiendo el ejemplo de París (Francia), donde la norma se aplica "con éxito" desde hace 18 años.
Otras propuestas son la mejora de la seguridad jurídica y el control del fraude para evitar el fraccionamiento de licencias y las obras encubiertas, su ampliación a zonas con déficit de vivienda asequible y la regularización del techo disconforme con fines sociales.
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