Anticorrupción revisará todo el sistema de contratación de emergencia del SAS diseñado tras la pandemia

wiegand.shirley · 16 Nov 2024

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La contratación por la vía de emergencia es una fórmula legal que permite a la administración en situaciones extraordinarias encargar un servicio o una obra a una empresa sin pasar por un procedimiento de concurrencia y ni siquiera tener garantizada cobertura presupuestaria. Esta vía exprés, reservada para momentos muy excepcionales cuando no puede usar ningún otro procedimiento, se generalizó en 2020 con la pandemia. En Andalucía fue a través del decreto ley 3/2020. El informe de la Cámara de Cuentas refleja hasta dónde se llegó a usar esta fórmula: en dos años más de 19.000 expedientes por un importe de 1.435 millones de euros. Aunque ha habido un largo debate político sobre si se usó o no de forma adecuada esta vía de contratación que se ha mezclado con el uso de los contratos menores, la realidad es que el PSOE sólo llevó al Juzgado el pasado mes de junio un expediente, el número 110/2021 . Es un contrato de emergencia para los servicios de asistencia complementaria a usuarios del SAS por la sobrecarga en la red por la pandemia que se inició por un importe máximo de 70 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2021 con una serie de clínicas privadas. Se prorrogó posteriormente el 30 de diciembre de 2021 por nueve meses más hasta alcanzar un máximo de 125 millones de euros. En junio de 2022 se volvió a ampliar el periodo de vigencia hasta el 30 de septiembre elevando la cuantía a 226,7 millones de euros. El 31 de diciembre de 2022 con una nueva prórroga se amplió a 234 millones de euros, y finalizó en mayo de 2023 por un importe de 242 millones de euros. Se trata de presupuestos máximos de gastos dotados de un procedimiento que debía avisar cuando se alcanzara el 80% para evitar que se ejecutaran más servicios de los contratados. Finalmente de todo ese importe se han ejecutado realmente 189 millones de euros. La denuncia del PSOE de junio atribuía a estos procedimientos y contratos con clínicas privadas cuatro delitos: la prevaricación administrativa, la malversación de caudales públicos, la falsedad en documento público y la organización criminal . De todos estos, el Juzgado entendió el 1 de octubre que había indicios suficientes para abrir diligencias previas por uno de ellos: la prevaricación administrativas. El resto de delitos, que implicaban un menoscabo de fondos públicos, de momento están condicionados a la evolución de la investigación. La Junta siempre ha defendido en todo el proceso que esos procesos se hicieron respetando el marco legal vigente. De hecho, constan en el expediente hasta dos informes de los servicios jurídicos sobre estas prórrogas . El primero del 28 de diciembre de 2021 y el segundo de agosto de 2022 que de acuerdo con los servicios de la Junta avalan el procedimiento. Una vez con estas diligencias abiertas, el PSOE dio otro paso. El 11 de octubre se querelló por prevaricación administrativa contra los dos exgerentes del SAS que participaron en este proceso: Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas. El juzgado pidió fianza y acordó el inicio de la tramitación con los dos ex altos cargos como querellados . Tras analizar la documentación, la Fiscalía Anticorrupción decide personarse y dirigir la investigación. Pero el 11 de noviembre, el PSOE presenta una segunda querella. Esta vez dirigida a la actual gerente, Valle García, que se incorporó en diciembre de 2023 al localizar en el portal de contratación hasta nueve adenda s vinculados con contratos con clínicas de este expediente. En la fecha en la que se firmaron todos los contratos de ese expediente debían estar ya extinguidos. Un día después de recibirla el Juzgado acuerda admitirla y abrir la investigación también contra ella. La Junta de Andalucía es contundente en este sentido. Subraya que todos los contratos se extinguieron en mayo de 2023 y reduce a trámites administrativos internos las adendas firmadas durante 2024 . Estas adendas por tanto no suponen «ni un aumento del gasto sanitario ni una ampliación de los plazos de vigencia». Básicamente este relato apunta que la actividad sanitaria se desarrolló hasta mayo de 2023 pero que en algunos casos de sobrepasó la cuantía máxima asignada y en otros no se alcanzó. Las adendas fueron ajustes administrativos que además se difundieron. La diferencia respecto a la interpretación del PSOE es sustancial. Puesto que si se hubieran seguido prestando algunos servicios con unas clínicas determinadas vinculados a los contratos cuando ya habían sido extinguidos y así se anunció públicamente, la investigación plantearía un nuevo giro. Ampliación de documentación de la FiscalíaHasta ahora, todo el proceso versaba sobre un expediente concreto, el 110/2021. Es decir, ninguna referencia al resto de contratos (por ejemplo los del antiguo Hospital Vigil de Quiñones de Sevilla). Pero la Fiscalía Anticorrupción con fecha 11 de noviembre r equiere al Juzgado de Instrucción número 13 documentación que va más allá de esos contratos con clínicas valorados en 242 millones (de los que se ejecutaron 189) . Y todas sus peticiones son tramitadas por el Juzgado el mismo 13 de noviembre. En primer lugar, el SAS debe aportar en el plazo de un mes «todos los expedientes tramitados por vía de emergencia por su Servicio Central en el periodo 2021-2023 en el ámbito del decreto 3/2020» . Es decir, aquellos que estuvieron amparados por la normativa de la pandemia. Además, se pide que incorpore todos los archivos complementarios como modificaciones, justificaciones, reclamaciones o quejas. Y dos elementos importantes, las justificaciones de las ejecuciones de todos los contratos y cualquier referencia que aparezca en el Consejo de Gobierno. La documentación debe aportarse en el plazo de un mes.En segundo lugar, a través de la misma providencia se requiere a la Intervención General de la Junta a que aporte «toda instrucción, dictamen, consulta o informes que haya elaborado en relación a la tramitación de expedientes por procedimiento de emergencia , adicionales al informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de 2022 y 2023 de fecha 30 de julio de 2024». A la Intervención Central del SAS se le requiere todos sus trabajos de fiscalización de los expedientes tramitados en el periodo 2020-2023. A la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública, el Juzgado solicita que aporte «t odo informe resolución o consulta relacionada con contratos de emergencia en el periodo 2020-2023 » en este caso de todas las Consejerías del Gobierno autonómico.Además, se requiere a la Junta de Andalucía a que aporte un documento con fecha 6 de octubre de 2020 por el que se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente . Se trata de uno de los aspectos más denunciados públicamente por la oposición.Por último, e l Juzgado requiere a la Cámara de Cuentas el informe de fiscalización sobre los contratos del SAS durante al año 2020 que fue aprobado en el Pleno el 26 de julio, incluidos todos los documentos borradores y la relación de auditores y técnicos que han participado en su elaboración.En todo este proceso la Junta de Andalucía, como institución está ajena. Sólo forman parte del proceso los tres querellados (que ayer no habían recibido ni la notificación), el PSOE y la Fiscalía Anticorrupción. De momento, la Administración autonómica no ha visto base suficiente para personarse (tendría que usar alguna fórmula como la de perjudicada lo que supondría estimar que hay indicios de irregularidades). Aunque es un paso que está en constante evaluación y estudio por parte de los servicios jurídicos.