Cuando han pasado ya casi cuatro meses de la ruptura de los acuerdos de gobierno regionales con el PP en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y Extremadura, Vox ha diseñado una estrategia para que sus alcaldes y concejales cubran la necesidad de llegar a la ciudadanía como un partido capaz de gestionar. En el partido de Santiago Abascal son conscientes de que aquella decisión del mes de julio limita enormemente su capacidad de mostrarse ante los votantes como un partido con vocación de gobernar, algo que la dirección del partido estableció como prioritario para esta legislatura autonómica y que ellos mismos rompieron abruptamente tras la crisis abierta con el reparto de menores inmigrantes. No obstante, en la dirección del partido defienden que todavía mantienen «importantes cuotas de poder» a través de su continuidad en cuatro presidencias de parlamentos, en los gobiernos del Consell de Mallorca, en las Diputaciones de Toledo y Ciudad Real y en los más de 170 ayuntamientos en los que gobierna en solitario o en coalición , en la mayoría de los casos con el PP. Desde estas instituciones, Vox pretende desarrollar sus compromisos ideológicos principales: la lucha contra la inmigración ilegal, seguridad ciudadana, protección de la familia, vivienda, libertad educativa o la batalla cultural en defensa de la historia, raíces, tradiciones y valores españoles. «Tenemos que hacer mucha más acción de gobierno en los ayuntamientos. En el ámbito local, el año pasado había mucho seguidismo del PP por falta de medios», reconocen. Para lograr una acción coordinada y ordenada en torno a estos temas «particularmente sensibles y nucleares» para Vox, el partido va a constituir lo que ha denominado «grupos de respuesta intermunicipal (GRI)» formados por concejales en gobierno especializados en determinada materia y encabezados por un experto con proyección nacional. Los dos primeros están ya en proceso de constitución y serán presentados en las próximas semanas: el GRI de Seguridad y el de Familia, dos ámbitos «cruciales» para el partido.En Vox admiten que en el primer año y medio de legislatura autonómica y municipal, desde las elecciones del 28 de mayo, el partido se centró en la política regional y desatendió la municipal, en parte por falta de recursos. Por eso entienden que ahora es el momento de apostar por el municipalismo y de una manera coordinada en toda España. Mediante estos dos órganos, explican a ABC fuentes del partido, Vox busca desplegar medidas por todo el país y para ello recurrirán a expertos de su confianza. Asimismo, con estos comités, el partido plantea articular una gestión que los diferencie de «los enrevesados y caros modelos burocráticos que caracterizan a PP o PSOE». Inmigración y seguridadLa primera de las mesas previstas es la de seguridad, que se presentará a mediados de noviembre y en la que se abordarán temas como la inseguridad ciudadana, «cada vez más generalizada en todo el territorio nacional y especialmente llamativa en los fenómenos de pillaje que se han registrado en los pueblos arrasados por la DANA ».En Vox no renuncian a establecer una relación entre la inseguridad y «la avalancha de inmigración ilegal desordenada masiva proveniente de países africanos». Precisamente por ese vínculo que el partido establece entre la criminalidad y el d eterioro de la convivencia en España pretende construir nuevos modelos de política policial a nivel local. En todas estas cuestiones cobra relevancia la figura de Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox en temas de interior, seguridad e inmigración desde el 16 de septiembre de 2024 y cabeza de este Grupo de Respuesta Intermunicipal. Con una experiencia de 20 años en materia policial, Vázquez preside la asociación Policía para el Siglo XXI, donde ha denunciado reiteradamente «las nefastas perspectivas de criminalidad de nuestro país y las carencias de los modelos policiales de España y del extranjero frente a los nuevos fenómenos delictivos». Los primeros concejales designados por la dirección nacional del partido para formar parte de este grupo, todos con responsabilidades de gobierno en la materia de seguridad, son Antonio Ortolá (Castellón), Inés Cañizares (Toledo), Dionisio Alberto Cuadrado Toquero (Valladolid), Ignacio Peña Robledo (Burgos), Ricardo Chamorro (Ciudad Real), Iván Expósito (alcalde de Náquera), Pedro Bestard (Marrachí), José Martínez (Lorca), Antonio Martínez (Molina de Segura), Juan Carlos Cuevas (Mijas), José Romero (Valdemoro), Antonio Ferrándiz (Burriana) y Gema Escolano (Crevillente).Emergencia demográficaLa segunda comisión sectorial es, por el momento, la de familia y asuntos sociales, que está liderada por Ainhoa García Flórez, abogada y candidata de Vox a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón, recientemente elegida vocal del Comité Ejecutivo Provincial del partido en Madrid. Ahí se debatirán las soluciones que Vox persigue para revertir la emergencia demográfica. ¿Cómo? Apoyando a la institución familiar en todos los ámbitos posibles (fiscal, social, educativo o asistencial, entre otros muchos), reevaluar políticas sociales tradicionalmente basadas en el clientelismo y las subvenciones para convertirlas en una herramienta de refuerzo y promoción de los lazos sociales y la comunidad, fomentar la prioridad nacional en materia de ayudas y poner en el centro a los españoles que más lo necesitan.Según desvelan a este periódico este grupo está integrado, de entrada, por los siguientes concejales con competencias de gobierno en materia de familia: María Pilar Cruz (Alcalá de Henares), María Jesús Bárcena (Aranjuez), Sonsoles Palacio (Torrelodones), Carlota Ariza (Marrachí), Aurora Rodil (Elche), Alberto Vidal (Castellón), María Ángeles Lerma (Torrente), Mónica Gil (Valencia), Emilio Serna (Las Torres de Cotillas), Fernando Martínez Acitores (Burgos).En definitiva, Vox ha dado un nuevo giro a su estrategia al trasladar la responsabilidad de gestión a los ayuntamientos. Dispone de dos años y medio para demostrarlo.
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